Los buenos funcionarios, que son pocos, se deben quedar; el resto, para afuera

Durante años, cualquier intento por reducir el tamaño del Estado fue presentado como un atentado contra los trabajadores públicos. Sin embargo, tarde o temprano Chile tendría que enfrentar una discusión que ya no admite más postergaciones: el Estado no puede seguir creciendo indefinidamente mientras la economía apenas avanza y los contribuyentes financian una estructura cada vez más costosa.

Las recientes desvinculaciones en el Ministerio Secretaría General de Gobierno han despertado críticas desde distintos sectores. Algunos las califican como una persecución política. Puede que existan casos puntuales que deban revisarse con total apego a la ley, pero reducir todo el proceso a una supuesta «venganza política» es simplificar un problema mucho más profundo.

El verdadero debate es otro: ¿cuántos funcionarios necesita realmente el Estado para cumplir eficientemente sus funciones?

Durante la última década, la administración pública ha incrementado sostenidamente su dotación mediante cargos de planta, contrata y honorarios. Esa expansión merece una revisión seria. Chile no duplicó su población. No pasamos de 20 a 40 millones de habitantes en apenas catorce años. Sin embargo, la percepción ciudadana es que la burocracia sí ha seguido creciendo, generando una carga permanente para las finanzas públicas.

Y no hay que olvidar un principio básico: el Estado no produce recursos propios. Cada remuneración, cada oficina y cada programa se financian con los impuestos que pagan millones de trabajadores, emprendedores y empresas. Por eso, exigir eficiencia no constituye un ataque al servicio público; es una obligación con quienes financian su funcionamiento.

Lo anterior no significa desconocer el trabajo de miles de servidores públicos que cumplen sus funciones con profesionalismo y vocación. Ellos deben permanecer. El Estado necesita funcionarios competentes, comprometidos y técnicamente preparados. Pero también debe tener la capacidad de prescindir de aquellos cargos que resulten redundantes, innecesarios o cuya existencia no aporte valor al servicio que reciben los ciudadanos.

Chile también debe preguntarse si la actual estructura ministerial sigue siendo la adecuada. Con 25 ministerios, cada uno con subsecretarías, divisiones, departamentos, asesores, unidades administrativas y estructuras de apoyo, la burocracia tiende a expandirse por su propia inercia. Más instituciones no significan necesariamente un mejor Estado; muchas veces significan mayores costos, más trámites y una toma de decisiones más lenta.

En ese contexto, abrir el debate sobre una eventual fusión de ministerios no debería ser un tabú. Por ejemplo, resulta legítimo discutir si el Ministerio Secretaría General de Gobierno, cuya principal función es política y comunicacional, podría integrarse dentro de una estructura más amplia junto al Ministerio Secretaría General de la Presidencia y parte de las funciones del Ministerio del Interior. No se trata de debilitar al Estado, sino de hacerlo más simple, más eficiente y menos costoso.

La experiencia internacional demuestra que los Estados que acumulan gasto permanente sin un crecimiento económico que lo respalde terminan enfrentando severos ajustes fiscales. La crisis de Grecia dejó una lección clara: cuando el sector público crece más rápido que la capacidad de financiarlo de manera sostenible, las consecuencias pueden sentirse durante muchos años. Recuperar los niveles de ingreso y estabilidad tomó más de una década, con enormes costos sociales para la población.

Por eso resulta llamativo que este ajuste no se haya iniciado antes. Cuanto más se posterga una corrección, más difícil y dolorosa termina siendo. Las reformas graduales suelen ser menos traumáticas que los recortes impuestos por una crisis.

En política es frecuente que cualquier reducción del gasto público genere resistencia. Pero gobernar también implica tomar decisiones impopulares cuando las circunstancias lo exigen. Un Estado moderno no se mide por la cantidad de funcionarios que emplea, sino por la calidad de los servicios que entrega.

Los buenos funcionarios deben quedarse. Son indispensables para que el país funcione. Pero sostener estructuras sobredimensionadas únicamente por inercia administrativa o conveniencia política no beneficia ni al Estado ni a los ciudadanos que lo financian.

La verdadera discusión no es cuántos funcionarios salen. La verdadera discusión es qué Estado necesita Chile para las próximas décadas: uno más grande o uno más eficiente.