Gobierno respondió con rapidez al temporal, aunque pudo anticipar el estado de excepción en zonas críticas
El intenso sistema frontal que afectó durante los últimos días a las regiones de Atacama y Coquimbo dejó un escenario complejo, con inundaciones, desbordes de ríos, cortes de caminos, miles de personas aisladas y un lamentable saldo de víctimas fatales y personas desaparecidas. Frente a una emergencia de esta magnitud, la respuesta del Estado estuvo sometida a una de las pruebas más exigentes de los últimos años.
En términos generales, el Gobierno reaccionó con celeridad al decretar estados de excepción constitucional y disponer el despliegue de las Fuerzas Armadas para colaborar en labores de rescate, evacuación, despeje de rutas y apoyo logístico a las comunidades afectadas. La presencia de militares permitió complementar el trabajo de Bomberos, Carabineros, la Policía de Investigaciones, personal municipal y los equipos de emergencia que enfrentaban condiciones extremadamente adversas.
Uno de los aspectos que merece reconocimiento fue el funcionamiento del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), cuyos mensajes llegaron oportunamente a miles de teléfonos celulares, permitiendo que numerosas familias evacuaran sectores de riesgo antes de que las crecidas alcanzaran su máxima intensidad. Del mismo modo, los monitoreos y reportes permanentes de SENAPRED facilitaron la coordinación entre las distintas instituciones encargadas de la respuesta.
Sin embargo, toda emergencia deja también lecciones que deben ser consideradas. Diversas autoridades locales y habitantes de las zonas más afectadas coinciden en que el estado de excepción pudo haberse decretado con mayor anticipación en la Región de Coquimbo y especialmente en la Provincia del Huasco. Hacerlo durante la noche del domingo habría permitido acelerar el despliegue de recursos, personal y maquinaria antes de que las condiciones meteorológicas alcanzaran su punto más crítico.
Si bien es imposible afirmar que una decisión anticipada habría evitado completamente los daños materiales o las pérdidas humanas, una reacción más temprana podría haber fortalecido la capacidad preventiva y facilitado una coordinación aún más rápida entre las instituciones encargadas de enfrentar la emergencia.
Las tragedias provocadas por fenómenos climáticos extremos difícilmente pueden medirse únicamente por la cantidad de infraestructura dañada. Detrás de cada desaparecido y de cada persona fallecida existen familias que hoy enfrentan un profundo dolor. Precisamente por ello, resulta indispensable evaluar objetivamente las fortalezas y debilidades de la respuesta estatal, sin caer ni en la descalificación automática ni en el triunfalismo.
En esta oportunidad, el Ejecutivo demostró capacidad para movilizar recursos, activar los sistemas de alerta y coordinar el trabajo de los organismos de emergencia en un evento climático de gran magnitud. Al mismo tiempo, la experiencia deja en evidencia que, frente a pronósticos de alta complejidad, las decisiones preventivas deben adoptarse con la mayor anticipación posible.
La emergencia en Atacama y Coquimbo confirma que Chile cuenta hoy con instituciones capaces de responder ante catástrofes naturales, pero también recuerda que, en gestión de riesgos, cada hora de anticipación puede marcar una diferencia importante para proteger vidas humanas.
