La credibilidad de las instituciones públicas se construye, entre otras cosas, sobre el ejemplo que dan sus autoridades. Por eso, resulta especialmente grave y escandaloso que el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento tributario en Chile, se vea involucrado en un incumplimiento tan básico como no pagar las contribuciones de sus propiedades.
Este tipo de hechos no solo daña la imagen del SII, sino que también mina la confianza de la ciudadanía en el sistema tributario. ¿Cómo se puede exigir al contribuyente común y corriente que cumpla con sus obligaciones fiscales si quien lidera la institución encargada de hacer cumplir la ley elude las suyas? No se trata simplemente de una omisión administrativa. Es un acto de desvergüenza que pone en tela de juicio la ética de quien ocupa uno de los cargos más sensibles del Estado.
Además, en un país donde los impuestos son fundamentales para financiar políticas sociales, salud, educación e infraestructura, la evasión –o el incumplimiento, voluntario o no– por parte de autoridades públicas es doblemente ofensiva. No solo da una pésima señal, sino que refuerza la percepción de que en Chile hay ciudadanos de primera y segunda categoría: unos que deben cumplir, y otros que se dan el lujo de no hacerlo.
El director del SII debería dar un paso al costado si no puede cumplir con sus propios deberes tributarios. No basta con pagar tras ser expuesto públicamente; lo que está en juego es la confianza pública, y esa, una vez dañada, es difícil de recuperar.
