En Chile existe una iniciativa en el Senado –apodada “Ley Mordaza 2.0”– que busca modificar el Código Procesal Penal para penalizar con pena de cárcel a quienes “difundan información de investigaciones penales reservadas”, algo que diversos actores han calificado como una seria amenaza a la libertad de prensa.
¿Qué propone la ley?
Introduce un artículo (226 J modificado) que establece sanciones penales –incluyendo presidio menor en grado medio a máximo– para quienes informen, difundan o divulguen antecedentes de causas reservadas.
El proyecto fue presentado por los senadores Pedro Araya, Luz Ebensperger, Paulina Núñez, Luciano Cruz‑Coke y Alfonso de Urresti.
Principales voces críticas
Federación de Medios de Comunicación Social de Chile: advierte que la iniciativa «pone en serio riesgo la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado».
Colegio de Periodistas (Consejo Metropolitano): califica la ley como antidemocrática, señalando que criminaliza agentes y periodistas sin distinguir roles.
Académicos constitucionalistas, como Javier Couso (UDP), afirman que el texto penaliza a “cualquier hijo de vecino” y tiene un efecto inhibidor, por lo que podría ser inconstitucional.
También la Asociación Nacional de la Prensa, Anatel, Archi y otros gremios se han sumado al rechazo.
Riesgos señalados
La ambigüedad del término “el que difunda” alcanza por igual a periodistas, medios y ciudadanos, sin diferenciar filtradores e informadores.
Podría provocar autocensura y frenar el periodismo investigativo que destapa corrupción, abusos de poder y violaciones a derechos humanos.
Enfatizan que ya existen normas para sancionar filtraciones ilegales sin perseguir a los medios, como en casos de crimen organizado.
La Ley Mordaza 2.0 ha generado amplio rechazo nacional por su potencial para limitar el derecho a informar y mantener a la ciudadanía informada. Aunque sus promotores defienden motivos de protección judicial, los críticos advierten que puede socavar el periodismo fiscalizador y debilitar la democracia.
