La Fiscalía de Tarapacá presentó acusación por delito de fraude al fisco en contra de los 15 imputados formalizados en el caso Cajas de Alimentos, entre estos se encuentra el ex intendente de Tarapacá Miguel Ángel Quezada.
La Fiscalía precisó que están solicitando las siguientes penas para los acusados: 10 años de presidio y siete años de inhabilidad para cargos y oficios públicos para el ex intendente Miguel Ángel Quezada, y los funcionarios públicos Lilian Plaza, D. S. y Johnny Muñoz, por el delito de fraude al Fisco.
También el Ministerio Público esta pidiendo cinco años de presidio y cinco años de inhabilidad para cargos y oficios públicos para María Luisa Lemus, también funcionaría publica por el delito de fraude al fisco y cuatro años de presidio para los 10 imputados particulares por el delito de fraude de subvenciones.
El Juzgado de Garantía de Iquique fijó audiencia de preparación de juicio oral para el 23 de diciembre de 2024, dónde se presentarán las pruebas y evidencias por parte del Ministerio Público y las defensas de los acusados, previo al juicio oral. La acusación fiscal contiene 69 testigos, 692 documentos, 85 evidencias materiales y 4 pericias.
El abogado querellante del caso, Enzo Morales, indicó que
«Como único querellante particular, en representación de los habitantes de la región de Tarapacá, espero que por la gravedad de los hechos establecidos por la investigación penal, se les condene por la justicia a penas de cárcel efectiva, sin beneficios y que el Consejo de Defensa del Estado recupere los fondos públicos defraudados».
Hechos
Según el ente persecutor, en marzo de 2020, Miguel Ángel Quezada Torres se desempeñaba como intendente regional de Tarapacá; Lilian Plaza Bravo era su jefa de gabinete; Jhonny Muñoz Cancino, jefe de Administración y Finanzas de la Intendencia Regional, y M.L.L.E. ostentaba el cargo de jefa de División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional de Tarapacá. Mes en que se decretó zona de catástrofe en todo el país, debido a la pandemia de coronavirus, lo cual permitió a los imputados disponer de fondos públicos extraordinarios destinados a solventar ayudas sociales, a través procesos de contratación directa.
En dicho contexto, el lunes 20 de abril de 2020, se autorizó a la Intendencia Regional –a solicitud del entonces intendente– a disponer de $1.190.000.000 del Fondo Regional de Emergencia aprobado por el Consejo Regional, para la adquisición de cajas básicas de alimentos para repartir entre las familias más afectadas por la pandemia, en el marco del programa denominado: “Alimentos para Chile”.
Según el Poder Judicial, el ex intendente, a través de su jefa de gabinete y de la entonces jefa de Planificación D.C.S.V. daba instrucciones para adquirir canastas de alimentos tanto en la modalidad de trato directo como por transferencia de recursos. Las acciones implementas por Plaza Bravo, Muñoz Cancino, D.S.V. y M.L.L.E., en cumplimiento de dichas instrucciones, fueron informar a los oferentes mediante canales no oficiales y través de contactos de carácter personal, manteniendo reuniones con empresas y personas naturales que finalmente serían adjudicadas por los respectivos tratos directos y los recursos transferidos a YMCA y la Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá y Arica-Parinacota, para favorecer a determinados proveedores, descartando cotizaciones de menos valor y empresas que ofrecían mejores condiciones de cumplimiento.
Las adjudicaciones por trato directo favorecieron a tres proveedores: DID Sonido y Compañía SpA, de Dimitri Andrés Díaz Neira y Ricardo Alexis Percic Becerra, por 8.006 cajas por un monto total de $407.857.664; Sociedad VyL Deportes Limitada, en la cual es socio Jorge Venegas López, por 7.650 cajas y un valor de $391.527.000, y Lorena Barrientos Ramírez (como persona natural) por 7.457 cajas por un valor de $391.492.500, y que, finalmente, actuó como testaferro de la empresa CyA Eventos Limitada, de Juan Carlos Ayala Brito y Ximena Andrea Ciudad Varela, que se encontraba inhabilitada para celebrar contratos con el Estado.
Los montos pagados por las cajas de alimentos y otros enseres básicos, según la Contraloría General de la República y la investigación fiscal, a dichos proveedores fue superior al promedio nacional e, incluso, al pagado por la misma Intendencia en otros programas; sobreprecio calculado en más de $232.000.000.En paralelo, y también como parte del programa “Alimentos para Chile”, el Gobierno Regional de Tarapacá gestionó recursos adicionales por más de $1.192.000.000, aprobados a través de la asignación directa del 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del año 2020. Estos recursos se entregaron mediante convenios de transferencia directa permitiendo adquirir 22.680 cajas de alimentos y elementos de limpieza.
