*Parlamentario acusa una grave falla de conducción política luego
de que una iniciativa prioritaria del Ejecutivo fuera rechazada por solo un
voto en la Cámara de Diputados.*
La reforma constitucional que buscaba ampliar el plazo para hacer efectivas
las expulsiones administrativas fue rechazada este martes en la Cámara de
Diputadas y Diputados, luego de obtener 88 votos a favor, 28 en contra y 19
abstenciones, quedando a solo un voto de los 89 apoyos requeridos para su
aprobación.
Ante este resultado, el parlamentario cuestionó duramente la conducción
política del Ejecutivo y, particularmente, el trabajo de la Secretaría
General de la Presidencia (Segpres) para asegurar una iniciativa que
formaba parte de la agenda legislativa del Gobierno.
“Es incomprensible que un proyecto de esta importancia se caiga por un solo
voto. Cuando un Gobierno tiene una iniciativa prioritaria, la
responsabilidad de la Segpres es hacer el trabajo político, coordinar,
conversar con los parlamentarios y asegurar que los votos estén en la
Sala”, sostuvo.
El parlamentario enfatizó que el problema no es únicamente legislativo,
sino que también tiene consecuencias concretas para la capacidad del Estado
de ejecutar sus propias decisiones.
“Hoy tenemos una situación absurda: el Estado puede decretar una expulsión,
pero cuenta con un plazo extremadamente acotado para materializarla. Si no
logra concretarla dentro de ese período, la persona debe recuperar su
libertad pese a que exista una orden de expulsión vigente. El Estado
decide, pero no necesariamente puede ejecutar lo que decidió”, afirmó.
La propuesta impulsada por el Ejecutivo buscaba ampliar el período de
detención para ejecutar una expulsión administrativa hasta un máximo de 30
días, contemplando además renovaciones por períodos iguales o inferiores,
siempre que fueran estrictamente necesarias y contaran con autorización
judicial.
“Ni Mandrake el Mago puede identificar a una persona, conseguir sus
documentos, coordinar con otro Estado y organizar un traslado internacional
en cinco días en todos los casos. Si el Estado quiere que las expulsiones
sean efectivas, tiene que contar con las herramientas y los tiempos
necesarios para ejecutarlas”, agregó.
En ese sentido, sostuvo que la discusión también involucra una cuestión de
soberanía y capacidad institucional.
“Un Estado que tiene la facultad de tomar una decisión, pero no tiene los
instrumentos para hacerla cumplir, termina debilitando su propia autoridad.
La soberanía no puede ser solamente una declaración: también debe
expresarse en la capacidad efectiva de actuar conforme a la ley”, señaló.
Finalmente, el parlamentario insistió en que el resultado de la votación
debe generar una revisión política dentro del Ejecutivo.
“No basta con decir que hubo imponderables. Faltó un voto. Uno solo. Y ese
voto era responsabilidad de la conducción política del Gobierno. Si esta
era una prioridad legislativa, la Segpres tenía que llegar a la Sala con
los votos asegurados. La seguridad y el control migratorio no pueden quedar
entregados a la improvisación”, concluyó.
