La libertad de prensa se ve amenazada en Chile por la ley mordaza 2.0
En Chile existe una iniciativa en el Senado –apodada “Ley Mordaza 2.0”– que busca modificar el Código Procesal Penal para penalizar con pena de cárcel a quienes “difundan información de investigaciones penales reservadas”, algo que diversos actores han calificado como una seria amenaza a la libertad de prensa.
¿Qué propone la ley?
Introduce un artículo (226 J modificado) que establece sanciones penales –incluyendo presidio menor en grado medio a máximo– para quienes informen, difundan o divulguen antecedentes de causas reservadas.
El proyecto fue presentado por los senadores Pedro Araya, Luz Ebensperger, Paulina Núñez, Luciano Cruz‑Coke y Alfonso de Urresti.
Principales voces críticas
Federación de Medios de Comunicación Social de Chile: advierte que la iniciativa «pone en serio riesgo la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado».
Colegio de Periodistas (Consejo Metropolitano): califica la ley como antidemocrática, señalando que criminaliza agentes y periodistas sin distinguir roles.
Académicos constitucionalistas, como Javier Couso (UDP), afirman que el texto penaliza a “cualquier hijo de vecino” y tiene un efecto inhibidor, por lo que podría ser inconstitucional.
También la Asociación Nacional de la Prensa, Anatel, Archi y otros gremios se han sumado al rechazo.
Riesgos señalados
La ambigüedad del término “el que difunda” alcanza por igual a periodistas, medios y ciudadanos, sin diferenciar filtradores e informadores.
Podría provocar autocensura y frenar el periodismo investigativo que destapa corrupción, abusos de poder y violaciones a derechos humanos.
Enfatizan que ya existen normas para sancionar filtraciones ilegales sin perseguir a los medios, como en casos de crimen organizado.
La Ley Mordaza 2.0 ha generado amplio rechazo nacional por su potencial para limitar el derecho a informar y mantener a la ciudadanía informada. Aunque sus promotores defienden motivos de protección judicial, los críticos advierten que puede socavar el periodismo fiscalizador y debilitar la democracia.
