Organizaciones de la Sociedad Civil exigen reactivación urgente del CORECC en Tarapacá y advierten graves consecuencias para la ciudadanía

Las Organizaciones de la Sociedad Civil participantes en el Comité Regional de Cambio Climático de Tarapacá (CORECC), representadas por sindicatos y ONG’s, hicieron entrega de un documento formal a la Ministra del Medio Ambiente, María Heloísa Rojas Corradi, y a la Delegación Presidencial de Tarapacá, solicitando la reactivación inmediata del CORECC y el cumplimiento de las obligaciones legales que establece la Ley Marco de Cambio Climático (Ley N°21.455) y su reglamento (D.S. N°15 del Ministerio del Medio Ambiente). El Comité Regional de Cambio Climático (CORECC) es la instancia oficial encargada de coordinar la acción climática en cada región de Chile. Está presidido por el Gobernador Regional e integrado por ministerios, municipios, universidades, sociedad civil, sindicatos y ONG’s. Su finalidad es elaborar la planificación estratégica anual en materia climática, definir los objetivos regionales prioritarios frente al cambio climático, calendarizar y garantizar la participación vinculante de la sociedad civil, e implementar el Plan de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC), que contiene medidas concretas para mitigar y adaptarse a la crisis climática en el territorio. En Tarapacá, sin embargo, este comité se encuentra paralizado desde marzo de 2025, generando una situación crítica que amenaza no solo la planificación ambiental de la región, sino también la confianza de la ciudadanía en los mecanismos institucionales. Las organizaciones denuncian que la única sesión del CORECC se realizó el 3 de marzo de 2025. En dicha reunión se asumieron compromisos formales de seguimiento, financiamiento parcial del PARCC y priorización de zonas vulnerables. Posteriormente, en junio, Fundación Reverdesierto —en representación de las ONG’s— envió una carta al Gobernador Regional Jose Miguel Carvajal Gallardo solicitando respuesta a los compromisos asumidos. Hasta la fecha, no se ha recibido contestación oficial ni se han materializado las acciones mínimas de planificación y seguimiento.

Esto significa que no existe un cronograma de trabajo anual, no se han fijado objetivos regionales de cambio climático para 2025, no hay información sobre las Mesas Territoriales de Acción Climática, y la sociedad civil está siendo marginada de su rol vinculante en la gobernanza climática.La situación se agrava considerando que en octubre el CORECC debe rendir su Cuenta Pública anual, según el artículo 57 del D.S. N°15. Con más de seis meses de parálisis, existe el riesgo de que esta cuenta pública se reduzca a un trámite vacío, sin avances reales ni transparencia. Esto no solo afecta la legitimidad del comité, sino que también debilita la gobernanza climática de toda la región. La inactividad del CORECC golpea directamente a la ciudadanía, especialmente a los sectores más vulnerables. Comunidades rurales y pueblos originarios están expuestos al avance de la desertificación y pérdida de recursos hídricos. Zonas costeras se ven afectadas por la erosión y el riesgo de aumento del nivel del mar. Trabajadores y sindicatos enfrentan la precarización laboral en territorios de sacrificio y la falta de planificación para una transición justa. Organizaciones comunitarias quedan sin espacios formales para incidir en políticas que afectan su vida cotidiana. El resultado es una creciente frustración social, un debilitamiento de la confianza en la institucionalidad y la sensación de que los espacios de participación climática son meramente simbólicos. La urgencia se refuerza con datos concretos: en Chile, aproximadamente el 23% del territorio nacional presenta desertificación y un 53% se encuentra en condición de sequía, de acuerdo con cifras de CONAF. Además, según la Dirección Meteorológica de Chile, la temperatura media del país ha aumentado a un ritmo de 0,16 °C por década desde 1961, lo que equivale a cerca de 1,6 °C en los últimos 60 años. Estas tendencias reflejan un escenario climático crítico que también afecta a la Región de Tarapacá, donde comunidades costeras, altiplánicas y rurales enfrentan día a día la escasez de agua, el avance de la desertificación y la exposición a fenómenos climáticos extremos. Las organizaciones advierten que la situación de Tarapacá podría estar replicándose en otras regiones del país, lo que afectaría la implementación de los Planes de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC) y pondría en riesgo el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Chile en el Acuerdo de París y en las conferencias climáticas de la ONU. Esto no es solo un problema local: es un riesgo para la política climática nacional y para la credibilidad de Chile ante la comunidad internacional. Las organizaciones que suscriben el documento exigen la elaboración inmediata de la planificación estratégica anual del CORECC, la publicación oficial de la calendarización de las sesiones ordinarias, una respuesta formal a las observaciones y compromisos asumidos en el acta del 3 de marzo, transparencia sobre el estado y funcionamiento de las Mesas Territoriales de Acción Climática, y la extensión del mandato de los representantes de la sociedad civil, dado que la inactividad ha impedido el ejercicio pleno de su representación de dos años.

Asimismo, anunciaron que, de no obtener respuestas en los plazos legales, recurrirán a la Contraloría General de la República por incumplimiento del D.S. N°15, al Consejo para la Transparencia por denegación de información pública, al Congreso Nacional solicitando que la Comisión de Medio Ambiente cite al Gobernador Regional y al Ministerio del Medio Ambiente, y si fuera necesario, a instancias internacionales de derechos ambientales para denunciar la vulneración del derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.